El Ovillo del Polo (I)

EL OVILLO DEL POLO (I)

De las elecciones del 14 de marzo y su repercusión en las presidenciales del 30 de mayo

 Por Marcelo Torres

 Las tremendas revelaciones hechas por la Fiscalía sobre la “guerra política” librada por la agencia de seguridad del Estado, como dependencia directa del presidente de la república, contra los adversarios del régimen, la oposición,  las altas Cortes, el movimiento obrero, los periodistas críticos, los defensores de los derechos humanos  y, muy especialmente, el Polo, han notificado a los colombianos sobre la magnitud del avance de lo que puede llamarse el proyecto fascista de Uribe. Tan prolongada y sistemática labor de descrédito contra los mismos y en particular contra el PDA y sus líderes, explica, hasta cierto punto, las dificultades sin cuento de la izquierda que libra la lucha política y legal, y por ello nunca podrá valorarse como suficiente la denuncia de los medios y los fines de tan siniestra conjura contra la democracia y el progreso. Sin duda que el valeroso debate adelantado por Gustavo Petro sobre el asunto será catalogado como uno de los más memorables, si no el más importante, de cuantos se realizaron en Colombia en estos ocho años. Sin embargo, en lo que concierne a las vicisitudes del Polo debo hacer una salvedad: con todo el peso que tiene la “guerra política” ordenada desde la Casa de Nariño, no basta por sí sola para explicarlas enteras. Los desatinos de conocidos puntos de vista que perviven y que hoy parecen prevalecer en el Polo no son cosa de poca monta. Su peso ha sido realmente fundamental en el escaso suceso que últimamente ha tenido la izquierda en el esfuerzo por jalonar y encabezar el proceso democrático colombiano. Más aún: puede incidir de modo decisivo en que el Polo equivoque del todo su táctica en el actual proceso eleccionario de presidente de la república.  El buen desenlace del debate presidencial en curso, trascendente para la suerte de esta esquina norte de Sur América, clama porque la mayor parte de las fuerzas democráticas se ubiquen  del lado que puede inclinar la balanza contra la candidatura de Juan Manuel Santos, el personero del continuismo uribista. De ahí que lejos de considerar bizantino o a deshora el esfuerzo por sacar a flote el fondo de las discrepancias en el Polo,  paréceme que allí está el germen que puede desembocar en una nueva frustración  o en la clave del acierto.                        

alta a la vista que el Polo no salió bien librado en las elecciones de Congreso. Para comprobarlo, basta comparar sus respectivos resultados en las elecciones parlamentarias de 2006 y de 2010. En efecto, mientras que los votos obtenidos  llegaron en el primer año mencionado a 875.451, en el segundo fueron 848.905, con la votación del 93,82 por ciento de las mesas. Hay, sin embargo, quienes consideran que no cabe reconocer ningún tropiezo y que el parte respectivo se condensa en el “todo bien, todo bien” de rigor. En tal tónica se asegura que “es falso que [el Polo] redujera su votación. Los 848.908 votos ya escrutados deben llegar a 900 mil una vez se contabilice el seis por ciento que falta por contar, lo que da 25 mil votos más que en 2006”[1]. Afirmación tan tajante es pura y simplemente una conjetura, que puede corroborarse o desmentirse por el resultado  definitivo. Pero aun en el caso de que el resultado llegase a los 900 mil votos o los rebasase ligeramente, la valoración final no es muy difícil; habida cuenta de que  la proporción de la votación del PDA como porcentaje del total de votos válidos pasó del 9,5 por ciento en el primer año mencionado al  7,6 por ciento en el segundo, y que no es factible que suba mucho más de ahí, lo que se registra es una disminución relativa clarísima. Lo anterior se refuerza si se repara en que el total de votos válidos entre 2006 y 2010 creció en más de 2,1 millones, un crecimiento del 23,1 por ciento, mientras que la votación del Polo, si llegara a 900 mil votos, habría crecido sólo 2,8 por ciento. Además de eso, como todo el mundo percibió, el retroceso en relación con la representación obtenida es incuestionable: de 18 congresistas elegidos en el 2006  -10 senadores (que al final del cuatrienio aumentaron a 11) y 8 representantes- se bajó a 13 congresistas -8 senadores y 5 representantes- . La conclusión que estos datos arrojan, que ningún malabarismo puede eludir, es una sola: los guarismos electorales del Polo experimentaron por lo menos un estancamiento, si es que no un franco retroceso.

¿A qué se debe el bajonazo? A mi juicio, hay causas que derivan del tipo de régimen que impuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mas también actúan otras no menos efectivas y acaso más importantes.

1.      Las elecciones recientes, las más irregulares de la historia del país

En estas elecciones se acentuaron todas las prácticas corruptas del sistema electoral colombiano, en especial la compra de votos y la adulteración de los resultados electorales. A pesar de que desde mucho antes de las elecciones del 14 de marzo estaban disparadas todas las alarmas sobre la inminente ocurrencia de dichas prácticas, cual crónica de la corrupción y del fraude anunciados, estas se dieron fatalmente[2]. La veeduría de la OEA, que se llevó a cabo en 96  municipios, hizo la lista de algunas de las irregularidades y constató la “compra de votos en los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena, Nariño y Norte de Santander” [3], sin omitir las falencias del sistema electoral colombiano[4], a los que debe agregarse el caso del Valle del Cauca y especialmente el del municipio de Magangué. Destacó “la existencia de más de 15.000 mesas con irregularidades en 18 departamentos”[5]. Uno de los 70 observadores de la Veeduría Electoral de la OEA contó, según conocida publicación,  “que el dí­a de las elecciones alguien le preguntó si él era el que pagaba por los votos”[6]. La MOE, Misión de Observación Electoral colombiana,  registró una denuncia cada tres minutos en promedio a lo largo de la jornada electoral del 14 de marzo. Su directora, Alejandra Barrios, declaró que “las campañas en Colombia las financian la corrupción y el narcotráfico” y puntualizó: “Lo que queda en el país es la narcopolítica”[7]. Y la red de reporteros de Vote Bien.com recibió 42 denuncias el día de las elecciones[8].

El despliegue de todas las modalidades corruptas

Numerosas modalidades, viejas y nuevas, fueron desplegadas para comprar el voto o amarrarlo mediante diferentes tipos de coerción: pago directo en efectivo o en especie (mercados, cemento, tejas, zinc, pago de facturas de servicios públicos domiciliarios), presión sobre las mujeres de Familias en Acción y en general sobre los empleados del Estado. El colmo fue, apenas terminada la jornada electoral, el colapso sufrido por el servicio de sistematización de las votaciones y divulgación del preconteo de la Registraduría.

Llamó mucho la atención el notorio incremento de la votación válida entre 2006 y 2010, del 23,1 por ciento, que aventajó el del potencial electoral efectuado entre uno y otro año, del 12,2 por ciento. En algunos departamentos la protuberante subida de la votación superó el aumento nacional. En el Valle del Cauca, con un aumento del potencial electoral de apenas el 10 por ciento,

los votos válidos crecieron el 28 por ciento. Y en algunos de sus municipios, como El Cerrito, Pradera, Trujillo, Calima, Jamundí­ y Yumbo, los  aumentos en la votación alcanzaron más del 50 por ciento[9]. “Votaron hasta con los dedos de los pies”, según exclamó un conocido comentarista de radio. En Sucre, el aumento de la votación válida fue del 60 por ciento (!)[10]. En Cauca, hubo 21 por ciento más de votos que en 2006, muy por encima del 12 por ciento en que aumentó su potencial de votantes[11]. En Nariño, el potencial electoral aumentó el 11 por ciento pero la votación subió el 23 por ciento[12]. En resumen,  sin descartar que en el aumento de la votación influyera un alza de la motivación política para votar, el hecho es que  hubo raudales de dinero y presiones sobre los electores, provenientes del Estado en sus diferentes niveles -alcaldías, gobernaciones, gobierno central- y de los grupos de la mafia.  

Graves irregularidades condujeron a la impugnación de la votación de 14 departamentos. De modo similar, las escandalosas alteraciones denunciadas sobre los formularios E-24, que recogen y resumen los resultados de los E-14, que, a su vez, registran la votación de cada mesa, así como también la adulteración de estos últimos, llevó al Consejo Nacional Electoral a tomar la decisión de trasladar a Bogotá toda la documentación electoral del Valle del Cauca, los votos de los municipios de Soledad y Manatí, Atlántico,  de Magangué, Bolívar, y de otras poblaciones de la Depresión Momposina[13].

En la variante vallecaucana de las anomalías se destacan, en Jamundí, Palmira, Cartago, Cerrito, Gaucarí y Tuluá, las actas de escrutinios en blanco firmadas por los jurados, como la alteración de los formularios E-14  -el fraude en la mesa misma de votación-, para favorecer a determinados partidos, el de La U y el PIN, y a ciertos candidatos, como la senadora Dilian Francisca Toro[14]. En Soledad, Atlántico, las denunciadas irregularidades terminaron por favorecer al hoy elegido senador José Herrera, de Cambio Radical, y a su fórmula a la Cámara, Jaime Cervantes[15]. En el Magdalena, la estrella brilló para Fuad Rapag,  también de La U, cuya votación creció de 18.860 a casi 33.000 votos con el conteo de sólo el 6 por ciento de las mesas[16]. En Antioquia, el aspirante al

Senado Andrés Guerra, que a la medianoche del 14 de marzo estaba elegido, en la madrugada del día siguiente vió esfumarse esa posibilidad[17].  

El autor de este artículo denunció mediante pública declaración, días antes de las elecciones, que la mafia que controla el municipio de Magangué adelantaba una masiva compra  de votos y alertó sobre la inminencia del fraude, especialmente en la votación para Senado en las que participó un hijo de Enilse López. Después del 14 de marzo, Pedro Pereira, actual representante a la Cámara, presentó una denuncia contra miembros de la Comisión Escrutadora del municipio y contra quienes intervinieron en el escrutinio, y pidió trasladar a Cartagena el conteo[18]. El registrador delegado de Magangué, Oswaldo de Armas, denunció que al consolidar los resultados de la zona uno, mesa por mesa, las cifras que arrojó el sistema no concordaron con los datos que se habían dictado;  una digitadora estaba alterando las cifras. El presidente del concejo municipal, Daniel Franco, por denunciar el fraude, está amenazado de muerte. Y en uno de sus corregimientos, el de Barranca de Yuca, a un candidato por el que habían depositado 3 votos le aparecieron en una sola mesa más de 90[19]. En este municipio de la región Caribe, un epicentro del poder mafioso, azotado de tiempo atrás por una corrupción sin freno, en esta ocasión padeció el agosto de todas las modalidades que pervierten el voto ciudadano, sin control y en desbordadas proporciones.     

El delegado del Consejo Nacional Electoral Fernando Barón declaró respecto de este fraude en Magangué: “Es evidente la manipulación de los registros electorales. Se podría decir que aquí hubo una organización criminal para alterar la votación,… Los hechos demuestran que hay una organización bien montada con gran experiencia en este tipo de fraude”(subrayados nuestros) .[20]

Entre parlamentarios que compran votos al por mayor y funcionarios corruptos de la Registraduría en sus distintas secciones territoriales se ha establecido un verdadero mercado nacional electoral cuya mercancía en compraventa ofrecida al mejor postor es la adulteración de resultados electorales que opera a través de una llamada “bolsa común”, integrada por aportantes interesados[21].

El fraude electrónico

En pleno inicio de la divulgación de los resultados electorales, colapsó el servicio de sistematización de la información de las votaciones y divulgación del preconteo. La empresa que lo prestaba, Sistemas y Cómputos, había sido reemplazada a finales del año pasado por Une (de EPM) por decisión de la Registraduría. El Registrador Carlos Ariel Sánchez explicó que el cambio de empresa se debió a que el contrato de la empresa que prestaba anteriormente el servicio en mención fue demandado judicialmente por la Registraduría[22]. A su vez, Une solicitó explicaciones de la empresa subcontratista encargada, Arolen, la que a su turno atribuyó el colapso a “un ataque informático” por el cual presentó denuncia penal en la Fiscalía contra misteriosos hackers no identificados hasta la fecha[23]. Con eso quedaba “explicado” una parte del caos de la información electoral; lo principal del mismo, empero, se debió a otra cosa. A las 11 de la noche del domingo de las elecciones del 14 de marzo, hora en que la Registraduría había anunciado que daría a conocer el 95 por ciento de los resultados, el consolidado nacional sólo iba por el 70 por ciento y Bogotá apenas se acercaba al 40; el incumplimiento –hasta hoy injustificado e inexplicado-  fue muy grave por el peso que tiene la capital del país en el total de la votación. La empresa que tenía a cargo esta tarea, también subcontratista de Une, se llama ID Systems S.A, cuya reputación ha sido cuestionada desde el inicio de sus operaciones en el país[24]. Tres días después, el Consejo Nacional Electoral ordenó a esta firma detener los escrutinios hasta que reemplazara su software por uno eficaz  y por último, ID Systems le delegó el trabajo a otra compañía. En el departamento del Magdalena, donde también se presentaron inadmisibles retrasos, la divulgación de la información también estaba a cargo de ID Systems. En resumen, la Registraduría reclamó a Une por tan graves y ostensibles fallas y esta a su vez a sus subcontratistas, pero el país, aunque padeció la debacle sigue ignorando qué pasó. El sórdido capítulo constituye una elocuente muestra de cuán caro siguen pagando los colombianos la privatización de las funciones del Estado -en este caso de la sistematización de la información electoral y la divulgación de su preconteo- y clama por la explicación de por qué la Registraduría volvió a contratar servicios de una cuestionada empresa a la que, luego de haber efectuado en forma insatisfactoria un contrato para la fabricación de las cédulas de millones de ciudadanos colombianos, se la ha señalado de haber vendido los datos básicos de los mismos a empresas de Estados Unidos[25]. 

Entre las distintas prácticas de fraude electoral, cabe recordar que la del fraude electrónico alzó el vuelo en Colombia con las elecciones del 2002. Rafael E. García, el ex director de informática del DAS detenido en la Fiscalía acusado de lavado de activos, quien inició a comienzos de 2006 la serie de gravísimas revelaciones sobre las actividades de la agencia de seguridad del Estado y de su entonces director Jorge Noguera, declaró en la investigación judicial que aún hoy está en curso, que dicha práctica se empleó tanto en  las elecciones parlamentarias como presidenciales que llevaron a Uribe y sus amigos al poder en el 2002. Según sus declaraciones a la Fiscalía, se perpetró “un fraude electoral de proporciones gigantescas” que explicó así: “Para esto diseñamos un programa de computador que cargaba el censo electoral con los nombres y listaba las mesas de votación por cualquier criterio”[26]. Los favorecidos con el fraude habrían sido varios parlamentarios que entonces figuraban en listas uribistas. El mismo Rafael E. García agregó: “Para las elecciones presidenciales [de 2002] también se gestó el mismo fraude para garantizar la votación por el candidato Álvaro Uribe Vélez…Fue por eso que en el único departamento de la Costa en que ganó fue en el Magdalena. Se le aportaron aproximadamente 300.000 votos”[27]. García afirmó que el fraude fue “orquestado” por Jorge 40 y llevado a cabo entre Jorge Noguera, entonces director de la campaña de Uribe en el Magdalena y quien posteriormente sería director nacional del DAS, y varios personajes más, parlamentarios y otros, quienes después se convertirían en funcionarios de la administración Uribe. Ante unos resultados electorales, los del 2010, de los cuales lo que se discute no es la ocurrencia del fraude electrónico sino la magnitud del mismo, lo menos que cabe recalcar es que tan turbia práctica se disparó ya desde el 2002, en las elecciones presidenciales en las cuales Uribe resultó elegido por primera vez. 

Más de un mes después del 14 de marzo aún no se conocen los resultados definitivos ni el de la votación de los colombianos en el exterior, particularmente para el escaño de Cámara así elegido y la Registraduría ha declarado que no es seguro que para el 20 de julio se conozca la lista completa de los congresistas elegidos. Debe añadirse que el propio Registrador, Carlos Ariel Sánchez, corroboró que efectivamente un fraude de magnitudes no conocidas había tenido lugar en estas elecciones de Congreso. El funcionario precisó que el fraude se había perpetrado en especial mediante dos procedimientos: la suplantación de electores y la alteración de actas electorales. Y recalcó que estando los dos procederes fraudulentos muy identificados antes de las elecciones habrían podido subsanarse, el primero mediante los identificadores digitales y el segundo introduciendo adecuada tecnología, y acusó al gobierno de haber negado los recursos a la Registraduría con esos propósitos a pesar de que esta se los solicitó con suficiente anticipación[28].

El uribismo impuso mayorías con el fraude

En tan anómalas condiciones de realización del debate electoral de Congreso, no sorprende mucho que los ganadores de los comicios parlamentarios fueran el Partido Social de la Unidad Nacional, o de La U, y el Partido Conservador. Estos dos partidos, principales socios de la coalición uribista, aumentaron notablemente su votación mediante la absorción en sus filas de considerables segmentos de otros partidos del uribismo. El primero experimentó un aumento del 76 por ciento al pasar de los 1.591.775 votos que obtuvo en el 2006  para Senado, a los 2.804.123 votos que alcanzó en el 2010; el conservatismo, por su lado, subió un 56 por ciento al ascender entre las dos elecciones de 1.470.029 a 2.298748 votos para Senado[29]. No obstante, esta concentración de la fuerza del uribismo en los dos partidos mencionados no significó un crecimiento mayor de la totalidad de la votación de la coalición gobernante para el Congreso en el 2010 comparada con la de 2006: 6.142.739 votos en el primer año[30] frente a 6.062.905 en el segundo[31]. Además, mientras que en el 2006 la votación parlamentaria del uribismo representó el 65.9 por ciento de la votación válida, en el 2010 cayó al 54.2 por ciento, traduciéndose ello en una disminución de su representación: de 174 congresistas elegidos en el primer año (70 senadores y 104 representantes), bajó a  162 congresistas (59 senadores y 103 representantes) en el segundo.

Lo que más claramente incidió en la disminución de la representación parlamentaria y en el estancamiento de la votación del uribismo fue la separación de Cambio Radical -que dirige el aspirante presidencial Germán Vargas Lleras- de las huestes que respaldaron la iniciativa del referendo reeleccionista de Álvaro Uribe. Sin esta separación, es probable que el uribismo hubiera  obtenido 7.031.590 de votos, el 62.0 por ciento del total de la votación válida del 2010, en lugar del 54.2 por ciento de ese total, que efectivamente obtuvo, y de los 162 parlamentarios que realmente eligió habría podido elegir 186.

En cuanto al llamado PIN, Partido de Integración Nacional, la gran indignación pública que rodeó su aparición no modificó un ápice la absoluta pasividad del gobierno ante la participación electoral de la agrupación política, que a todas luces reunía  residuos de otras disueltas o venidas a menos cuyos dirigentes habían sido procesados por parapolítica o cuyos vínculos con la mafia se han señalado de tiempo atrás. La revista Semana reveló que el PIN fue fundado desde La Picota por los dirigentes del desaparecido partido Convergencia Ciudadana y del MPU del Valle del Cauca. Y que integraron sus listas candidatos emparentados o asociados a los jefes de partidos  de los cuales varios de sus parlamentarios fueron encausados por parapolítica: el del enjuiciado primo del presidente de la república, el ex senador Mario Uribe; el del ‘Gordo García’; el de la tristemente célebre Enilse López, ‘La Gata’, uno de cuyos apadrinados de Sucre para la Cámara se alzó con la representación de las negritudes[32]. Y la fuerza del gobernador del Valle del Cauca, destituido hace poco por la procuraduría por participación en política. El PIN, que obtuvo 907.468 votos, eligió 9 senadores y 16 representantes. En el Valle, donde el PIN arrasó en 20 municipios[33], uno de sus candidatos, Juan Carlos Rizzetto, se presentó por primera vez al Senado y salió elegido con más de 70.000 votos. Distintas fuentes aseguraron que los senadores electos con vínculos con la parapolítica pasaban de 22, no sólo del PIN sino del partido de La U y del conservatismo,  mientras que los de Cámara debían ser muchos más.   

En suma, si cabe registrar la existencia de una opinión pública uribista como un punto de apoyo real, particularmente entre franjas considerables de las capas medias, como en los estratos sociales más pauperizados -detrás de lo cual está el programa Familias en Acción-, tiene que subrayarse que en el cometido de mantener y apuntalar el uribismo en el poder, sobresalen las malas artes de las prácticas más corruptas del sistema electoral colombiano. La compra masiva de votos, la alteración en gran escala de los resultados electorales, incluyendo el fraude electrónico, y la coerción económico-política ejercida tanto sobre los empleados del Estado como sobre sectores populares  que reciben subsidios, se convirtieron en otros tantos soportes esenciales del régimen que el presidente Álvaro Uribe inauguró hace casi ocho años y que ahora se propone prorrogar con la candidatura de Juan Manuel Santos.

Puedo afirmar que,  como a numerosos candidatos,  la compra de votos y la adulteración de la votación en las registradurías, tanto de modo tradicional como electrónica, afectó negativamente la campaña electoral de quien escribe estas líneas, especialmente en Magangué y en la zona aledaña, al igual que en buena parte de la Costa Caribe. Aunque no haya sido este el único factor adverso en el resultado obtenido, es claro que el haber librado tres batallas políticas consecutivas -en 2007, 2009 y 2010- contra ese sector de la mafia que tiene poder e influencia no sólo en el aludido municipio de la ribera izquierda del río Magdalena sino en toda la Costa Caribe, tuvo que haber influido de modo determinante para convertirlo en blanco de la sustracción descarada de su votación.